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En Bahía Blanca, la Mesa de Salud Mental y Adicciones del Concejo Deliberante tomó posición frente al debate: ¿vuelven los “loqueros”? Cuánto lugar debe tener la internación, qué alternativas existen para atravesar una crisis y qué ocurre cuando la red comunitaria que debería sostener a pacientes y familias resulta insuficiente.
Detrás de una expresión que remite al viejo modelo manicomial aparece una discusión bastante más compleja. No se trata solamente de decidir si una persona puede o no ser internada.
El debate atraviesa el funcionamiento completo del sistema de salud mental: qué ocurre antes de una crisis, cómo se interviene durante ella, dónde puede ser atendida una persona y qué dispositivos existen después para sostener su tratamiento y su vida cotidiana.
En Bahía Blanca, parte de esa discusión se da dentro de la Mesa de Salud Mental y Adicciones, un espacio que funciona en el ámbito del Concejo Deliberante y que fue creado por la Ordenanza Municipal 18.292. El Municipio la incluye dentro de los espacios de articulación vinculados con la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 y las políticas comunitarias del área.
Actualmente, uno de los ejes que atraviesa a la Mesa es el debate por las modificaciones impulsadas a nivel nacional sobre la legislación vigente.
Qué cambió con la Ley de Salud Mental
La Ley 26.657, sancionada en 2010, modificó el paradigma sobre el que se estructuraba la atención de las personas con padecimientos de salud mental.
El modelo previsto por la norma coloca a la internación como un recurso restrictivo, prioriza la atención en hospitales generales y promueve dispositivos comunitarios y equipos interdisciplinarios. En ese esquema, la persona deja de ser considerada exclusivamente desde su enfermedad y pasa a ser reconocida como sujeto de derechos.
Para Micaela Tomasini, concejala vinculada a la Mesa, ese es uno de los puntos centrales de la normativa.
“La ley actual lo que hace es entender que las personas con un padecimiento de salud mental son personas con derechos”, explicó. Y agregó que el objetivo es que puedan recibir tratamientos “comunitarios, cercanos en su día a día”, preservando su autonomía y evitando institucionalizaciones cuando no sean necesarias.
La discusión actual aparece porque, según Tomasini y otros integrantes de la Mesa, algunas de las modificaciones planteadas desde Nación podrían debilitar ese enfoque comunitario y volver a otorgar mayor centralidad a las instituciones psiquiátricas.
Ese diagnóstico corresponde a la posición de los integrantes consultados de la Mesa: el alcance efectivo de las reformas y sus consecuencias forman parte precisamente del debate político y sanitario en curso.
El problema no empieza en una internación
La discusión adquiere otra dimensión cuando se observa qué ocurre hoy en Bahía Blanca.
Para Tomasini, uno de los principales problemas es la dificultad para acceder y, especialmente, sostener los tratamientos a lo largo del tiempo.
Según señaló, personas que perdieron obra social o encuentran dificultades para acceder a determinadas prestaciones terminan recurriendo al sistema público. Eso genera una mayor demanda sobre hospitales, centros de salud y dispositivos municipales que deben responder con recursos limitados.
El problema, además, no puede reducirse a la diferencia entre “estar bien” y “estar mal”.
Los procesos de salud mental tienen momentos diferentes. Una persona puede atravesar una crisis aguda, estabilizarse y posteriormente necesitar acompañamiento terapéutico, social o comunitario durante meses o años.
Por eso, uno de los conceptos que aparece reiteradamente en las respuestas de la Mesa es el de red de cuidados.
¿Qué pasa cuando aparece una crisis?
Ese es posiblemente el punto donde la discusión se vuelve más sensible.
¿Qué ocurre cuando una persona representa un riesgo para sí misma o para terceros? ¿Qué herramientas tiene una familia que no logra contener una situación crítica? ¿La legislación vigente dificulta una intervención rápida?
Para Alba Picardi, presidenta del Colegio de Psicólogos de Bahía Blanca, la respuesta es que las dificultades actuales no se originan principalmente en la ley sino en las falencias del sistema encargado de aplicarla.
Picardi sostiene que los problemas para intervenir ante determinadas crisis derivan de la falta de recursos, dispositivos y coordinación entre instituciones.
Desde esa perspectiva, flexibilizar internaciones compulsivas no resolvería el problema estructural. Lo que se necesita, plantea, es contar con alternativas capaces de actuar antes de que una situación termine necesariamente en una hospitalización prolongada.
La presidenta del Colegio de Psicólogos enumera entre las herramientas necesarias equipos de emergencia psicosocial, camas para internaciones breves en hospitales generales, centros de día y de noche, casas de medio camino y mecanismos de actuación conjunta entre Salud, Educación, Niñez, políticas sociales y fuerzas de seguridad.
Entre la casa y el hospital
Tal vez allí aparezca una de las claves para entender la discusión.
El debate muchas veces se presenta como una elección entre dos extremos: internar o dejar a una persona en su casa.
Pero el modelo comunitario plantea precisamente la existencia de una serie de dispositivos intermedios.
Centros de día, acompañamientos territoriales, residencias asistidas, hospitales de día, equipos de emergencia e internaciones breves forman parte de una estructura pensada para que la respuesta no sea necesariamente el encierro prolongado.
El problema aparece cuando esa red es insuficiente.
Picardi reconoce ese déficit. Según su diagnóstico, la Ley de Salud Mental nunca terminó de implementarse completamente y buena parte de los dispositivos que debería haber generado no alcanzaron el desarrollo necesario.
“Cuando una familia atraviesa una situación de crisis y no encuentra contención, el problema no reside en la ley, sino en el incumplimiento del Estado en construir la red sustitutiva que la norma establece”, sostiene.
La afirmación introduce una tensión relevante: quienes defienden la legislación vigente también reconocen que el sistema previsto por esa ley quedó incompleto.
Qué existe actualmente en Bahía Blanca
La ciudad no parte de cero.
El sistema municipal informa actualmente servicios de asistencia psicoterapéutica, grupos terapéuticos, dispositivos de prevención comunitaria y una unidad de consultas en salud mental que interviene ante situaciones críticas y emergencias psicosociales. También existen dispositivos específicos para adolescentes y jóvenes, grupos de acompañamiento para familiares y trabajo de salud mental en distintas unidades sanitarias.
El Municipio también señala que su Equipo Ampliado de Gestión en Salud Mental Comunitaria trabaja sobre la implementación de la Ley 26.657 y desarrolla intervenciones comunitarias.
Por eso, el planteo de la Mesa no pasa por afirmar que Bahía Blanca carece completamente de recursos.
La discusión es otra: si esa red tiene hoy el tamaño, el financiamiento y la articulación necesarios para responder a la demanda existente.
La discusión por el dinero
Detrás de la pelea conceptual sobre el modelo de atención aparece una cuestión mucho más concreta: el financiamiento.
Tanto Tomasini como Picardi insisten en que un sistema basado en la atención comunitaria necesita recursos para sostener equipos profesionales, dispositivos territoriales, centros de día, alternativas habitacionales y mecanismos de acompañamiento.
Picardi señala incluso una contradicción: la legislación estableció objetivos presupuestarios para salud mental que, según afirma, nunca llegaron a cumplirse completamente.
De esta manera, el debate no enfrenta únicamente dos modelos teóricos.
También plantea una pregunta práctica: qué sucede cuando la ley establece una red de cuidados que después el Estado no financia o desarrolla en la escala necesaria.
Entonces, ¿vuelven los “loqueros”?
La respuesta no cabe cómodamente en un sí o un no.
La posible reforma de la Ley de Salud Mental vuelve a poner en discusión cuánto peso deberían tener las instituciones psiquiátricas y las internaciones dentro del sistema.
Pero, al mismo tiempo, las dificultades que atraviesan pacientes y familias permiten observar otra parte del problema: el paradigma comunitario necesita una red concreta para funcionar.
Si esa red no existe o es insuficiente, la discusión deja de ser únicamente jurídica.
Se transforma en una pregunta cotidiana para cualquier persona que atraviesa una crisis y para quienes intentan acompañarla:
¿adónde se recurre cuando la casa no alcanza, pero una internación prolongada tampoco debería ser la única respuesta?
Ese es, quizás, el debate más relevante que hoy atraviesa a la Mesa de Salud Mental de Bahía Blanca.
